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El PSOE lleva a Fiscalía que el gobierno de Orihuela no controla el gasto público.

Los socialistas denuncian ante el fiscal que PP y C´S no han desarrollado el sistema de fiscalización previa limitada que aprobaron en Mayo, y por lo tanto en el ayuntamiento no se controla el gasto público.


La concejala Carmen Gutiérrez ha anunciado hoy que su grupo ha presentado en los juzgados de Orihuela, una denuncia en Fiscalía por la falta de control de legalidad sobre el gasto público en el Ayuntamiento. Además ha calificado este hecho de muy grave porque afirma “la ley dice que todo acto económico debe ser fiscalizado para saber si es legal o no, y eso no se está haciendo en este ayuntamiento de forma intencionada, para que nadie controle cómo gastan el dinero de todos los oriolanos”.


La socialista ha recordado que cuando PP y C´S aprobaron en Mayo de 2016 el sistema de fiscalización previa limitada, lo dejaron a medias porque no establecieron como llevar a cabo el control pleno posterior, y añade que “un año después, nadie controla la legalidad del gasto porque así lo ha querido el PP. Por ello a día de hoy, no hay ningún técnico municipal que le diga al gobierno si lo que están haciendo es legal o no,y esto es muy grave porque están gestionando dinero público. Por lo tanto más de 75 millones de euros, que es el actual presupuesto municipal, se gastan sin control legal alguno”.



La edil ha señalado como directamente responsables de esta alarmante situación de descontrol al alcalde, al concejal de Hacienda y al interventor accidental, porque han consentido que durante un año no se realizara ningúna fiscalización, ni siquiera cuando aprobaron el presupuesto municipal. “Nos preocupa que no exista ningún control, porque si es delito hacer algo ilegal a sabiendas, también debe serlo eliminar los controles para que nadie nos pueda decir que lo que hacemos es ilegal”.


Así mismo la edil ha dicho que la denuncia está sobradamente argumentada y justificada ya que la acompañan numerosos documentos, como por ejemplo los 26 reparos que puso el interventor advirtiendo de expresa ilegalidad en actos tan variados como subvenciones, facturas, contratos, etc.. Sin embargo Gutiérrez asegura que “dichos reparos fueron ignorados por el equipo de gobierno, que se limitó a guardarlos en un cajón de forma irresponsable”.


Por último el PSOE oriolano afirma que “dada la gravedad de la situación y al no disponer de medios legales para obligar al equipo de gobierno a someter sus actos a control de legalidad, hemos decidido poner los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito”.

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